Emanuel Meraz*
Si durante las últimas semanas en Hermosillo se ha hablado en medios y redes sociales del conflicto entre taxistas y la empresa Uber, a partir de ésta la discusión se centrará en las negociaciones que sobre el tema de la modernización en los servicios de transporte privado se han celebrado entre gobierno, taxistas, asociados Uber y representantes de la empresa, así como algunos ciudadanos que utilizan estos servicios, convocadas por grupos de la sociedad civil. A manera de contexto, recordaremos que, en resumen, se ha dicho que los taxistas defienden privilegios que lesionan al consumidor; que Uber, si bien debe facilitar el padrón de sus asociados a las autoridades y modificó sin consultar con éstas las opciones de pago que ofrece a sus clientes, presta un servicio de gran valor a un precio que beneficia al usuario; y que la autoridad debe fomentar una coexistencia lo más armoniosa posible entre ambas alternativas en beneficio de la ciudadanía y de la movilidad urbana.

Era obvio que estos problemas se iban a presentar. Desde sus inicios en 2009 Uber ha provocado rechazo y movilizaciones por parte de los servicios ya instituidos de transportación privada en prácticamente todas las ciudades en el mundo donde ha entrado, suponiendo un constante dolor de cabeza para las legislaciones locales. Cuando inició sus operaciones en Hermosillo, en marzo de este año, autoridades, la empresa misma, taxistas y usuarios, no parecían tener en consideración los casos que se habían dado en otras ciudades, y se pensó, reductivamemte, que mientras se evitaran los encontronazos entre taxistas y asociados Uber todo marcharía bien.

Sin embargo, en el tema de la regulación, hay dos equívocos que de manera invariable se han cometido con Uber. El primero es asumir que es una solución a los problemas de movilidad urbana; el segundo es la noción de que, al ser caracterizado como un servicio "innovador", se piensa que regularlo requiere romper con muchos de los criterios vigentes, por obsoletos. Si bien aquí no hay suficiente espacio para tratarlo con la extensión que se requiere, convendremos lo siguiente: contra lo que pueda creerse, a Uber hay que regularlo, y mucho. Opera en las áreas más grises de nuestra legislación laboral, de transporte y fiscal –e incluso de nuestros conceptos de valor y responsabilidad social como consumidores–, y su supuesta innovación y calidad de servicio no son suficientes para que las autoridades renuncien a la necesidad de un ordenamiento que considere no sólo las operaciones de la empresa o el "beneficio" de sus usuarios, sino la certeza laboral y jurídica de sus asociados, y el rol preponderante del gobierno en la construcción de un concepto de movilidad urbana moderno, eficiente y verdaderamente público, temas que, en el fondo, son los que deberían estarse discutiendo.

Al centrar el debate público en la cuestión del cobro en efectivo, Uber adopta una estrategia recurrente en sus operaciones en otras ciudades alrededor del mundo: confrontar al usuario con el gobierno como una palanca para asegurar regulaciones a modo. En el momento que Uber llegó a México ya existía la misma ley a la que hacen referencia cuando hablan de que el usuario de sus servicios no puede ser restringido en la manera en que desea pagarlo, y aun así sólo permitían pagos por tarjeta. ¿Significa que anteriormente Uber discriminó a los usuarios que no tenían tarjeta? No. Simplemente no eran su segmento de mercado, y lo que sucedió de entonces a la fecha es que la empresa vio la posibilidad de ampliar su participación de mercado, desdiciéndose de los términos en que planteó su llegada a las distintas ciudades donde opera en nuestro país e incluso en oposición a los cuestionamientos que sus mismos asociados han levantado, quienes temen que esta medida los sitúe en la misma inseguridad que los taxistas u otros servicios que manejan efectivo.

La carta que enviaron esta semana a la gobernadora Claudia Pavlovich, agradeciendo su apertura pero mostrándose preocupados por la posibilidad de que se emita una regulación que no favorezca el pago en efectivo, es en realidad la primera etapa de una campaña que la empresa está dispuesta a emprender en contra del orden institucional, tal como ha hecho en otras ciudades –de ahí su salida de Austin, Texas, por mucho una ciudad más progresiva que Hermosillo. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto de inmediato, visualizando que ésta no es una discusión sobre medios de pago y tarifas, sino de afirmación de propuestas que consideren los aspectos anteriores, pero no descuiden la dignidad del trabajo de quienes prestan estos servicios y el rol del Estado en la estructuración de un proyecto de movilidad urbana verdaderamente incluyente.

* Asistente de investigación en El Colegio de Sonora. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Twitter: @emanuelmerazy