Hagamos una Ley 7 de 7

Por Victor S. Peña*

Nos recuerda la sabiduría popular que “no todo lo que brilla es oro”. Algo similar sucede con eso de la transparencia: no todo en lo que se le use resulta transparente.

Hará cosa de un año, las redes sociales y la opinión publicada se enfocaron en la llamada “Ley 3 de 3”. Quien estuvo atento a ello lo recordará ahora como una propuesta cuyo origen puede rastrearse hacia algunas organizaciones no gubernamentales y académicas (principalmente con domicilio en el centro de la República). Como pólvora, el interés se propagó rápido a lo largo y ancho del territorio nacional, sobretodo vía los canales afines de las instancias promotoras. Concluyó aquello en una masiva recolección de firmas, la presentación de una iniciativa de Ley con ese respaldo, la discusión y aprobación con modificaciones por las instancias legislativas, algunas inconformidades del proceso.

Reducir a un párrafo aquellos meses resulta una injusticia. Volviendo a la sabiduría popular, cada quien cuenta según le va en la feria: hay quienes hacen el recuento como un movimiento social sin precedentes, otros enfatizan las modificaciones en el Senado, más allá atizan en el papel que tuvo el empresariado. Sirva pues, el anterior párrafo, como brevísimo contexto y no a manera de sustituto de crónicas de mayor envergadura.

Al tema. La médula publicitada de aquella “Ley 3 de 3” (en realidad, una Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos con amplios alcances) fue la de incorporar, como obligación del funcionario, la publicación de tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses. En ese triángulo documental, refieren los promotores, se incrementa la oportunidad de fiscalizar el comportamiento pecuniario de ese sector que históricamente (algunos dicen que por cultura) gustan de servirse con la cuchara grande.

Estando o no en alguna Ley, más de un gobierno (o aspirantes a serlo) se adhirió a la iniciativa y publicitó sus tres declaraciones. En más de una ocasión, la obligación (por entonces solo moral) se amplió a gabinetes completos y a segundo y tercer nivel burocrático.

Interesante el ejercicio de la llamada “Ley 3 de 3”. En muchos sentidos, una suma de triunfos a favor de algunos sectores sociales, económicos y académicos involucrados en las batallas a favor de la transparencia. Muchos afirman es una triunfo del país entero, pero en esas arenas prefiero ser más cauteloso. Sin embargo ¿terminó ahí la historia? Para nada.

Desde mediados de 2016, en al menos un Congreso Local, puede observarse la presentación de una iniciativa que quiere ganar su lugar en la historia como “Ley 5 de 5”. En Sonora, el asunto arrancó con este mismo año.

¿Qué motiva a los promotores? Imposible leer mentes. Sin embargo, pudiera apostarse con seguridad que siguen un razonamiento más o menos en estos términos: si es bueno publicar tres documentos (o declaraciones), mejor será publicar cinco. ¿Será? En todo caso, ya señalan críticos de esa misma línea, mejor sería publicar siete o diez declaraciones. ¿Cuáles? Eso ya se vería después, agregan con sorna, lo importante es que sean más.

La sabiduría popular, eso del brillo y que no todo es oro, cae como anillo al dedo.

Lo primero que debería responderse es ¿en verdad se ha reportado beneficio alguno con la publicidad de las tan llevadas y traídas tres declaraciones? Para ello, más que la mera interpretación o los deseos, lo serio en esto es aplicar una evaluación, dar seguimiento. ¿Puede afirmarse, en términos objetivos, que existe una relación entre la publicación de las declaraciones y el decremento de, por ejemplo, desvíos en el dinero público? ¿O habrá que esperar un poco más para ver cómo madura el asunto?

No vaya siendo que la publicación de las tres declaraciones se hace como quien compra bonos de legitimidad, solo para desengañar con más de lo mismo al cierre de cualquier administración. No vaya siendo que eso de subir a cinco, siete o diez el número de declaraciones por publicar sea apenas un burdo movimiento populachero.

Victor S. Peña*Doctor en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey y profesor investigador en El Colegio de Sonora

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