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Ayer se apersonaron en el Congreso del Estado diputados electos de la coalición “Juntos Haremos Historia”, además de otros acompañantes como el académico Álvaro Bracamonte (de quien dicen que será quien los piloteará en la nueva legislatura), quienes solicitaron por escrito el inicio del proceso de entrega-recepción y con ello la información general del manejo y administración del Poder Legislativo, misma que el oficial mayor Ángel Barrios aseguró que se encuentra totalmente lista.

Barrios afirmó que desde los primeros días de julio, tal como lo marca la ley, se integró la Comisión Instaladora que deberá entregar esa información de manera oficial, aunque en tanto mucha de esa información se encuentra ya disponible en la página web del Congreso.

Será importante el seguimiento que se le dé a este asunto, dadas las amargas experiencias de otras transiciones, como la del “padresismo”, cuando hasta muebles, computadoras y televisores desaparecieron de las oficinas en la rebatinga final… Ah, ojo deben poner también en los ayuntamientos.

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No perdieron tiempo
Y en más del Congreso, tal como lo comentamos “Entre nos”, los priistas no perdieron tiempo y ni tardos ni perezosos se despacharon en tiempo récord el proceso de aprobación de las recientes reformas constitucionales aprobadas por la legislatura… De hecho, ayer la Diputación Permanente aprobó enviar dicha reforma para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno, con lo cual entrarán en vigor.

Aunque se necesitaba la aprobación de 37 ayuntamientos, fueron en total 57 de los 72 cabildos donde se dio la aprobación que, como ya se sabe, constituyó el primer gran encontronazo entre el gobierno priista y la dirigencia del partido Morena.

Ahora, hay que esperar a que al menos 33% de los diputados de la nueva mayoría legislativa de Morena-PT-PES, con el seguro apoyo de la única diputada del partido Movimiento Ciudadano, interpongan la controversia constitucional en busca de echar abajo esas reformas… O sea que en septiembre estará listo el escenario para la gran batalla jurídica.

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El gran pendiente
El Isssteson es un problema mayúsculo y por tanto gran pendiente en la política pública de Sonora, pues como se vio ayer con la marcha de las agrupaciones de trabajadores del Consejo Sindical Permanente, las protestas hablan por sí mismas de las carencias que pasa el instituto para tener completo el cuadro de medicamentos, de médicos especialistas y hasta de ropa para los hospitalizados.
Se trata de una situación que, como enfermedad crónica, empeora día con día y no se cura con aspirinas, sino requiere de una cirugía financiera mayor que sólo será posible si se le entra a un tema tan polémico como es la reforma a la Ley 38.
El detalle es que no se trata solamente de arreglar un problema administrativo, sino político y de allí la tentación de patear el bote hacia adelante… ¿Cuántos años más aguantará así el Isssteson, después del daño que le hicieron durante el anterior sexenio?

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Visión del CPC del SEA
Ahora que los diputados electos de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social traen casi como única bandera lo del combate a la corrupción, sus asesores les podrían indicar que volteen a ver la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), cuyo Comité de Participación Ciudadana (CPC) acaba de cumplir un año.

Al respecto, el coordinador de la Comisión Seleccionadora, el abogado Marco Antonio Andrade, acaba de escribir una serie de recomendaciones, entre ellas que “el CPC en su conjunto sea parte integral del Comité Coordinador del SEA y no únicamente su presidente”… La propuesta es seguramente porque el mencionado comité está integrado por casi puros funcionarios de gobierno.

Además Andrade propone que “las recomendaciones del Comité Coordinador, al igual que las políticas de supervisión y fiscalización, sean de naturaleza vinculante u obligatoria para todos los sujetos del sistema”… Y así hay otras recomendaciones, pero quizás estas dos servirían para iniciar el análisis.

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La inversión privada
A ver cuánto aguantan contenidas las voces de la izquierda mexicana que son tan reacias a la inversión privada en grandes proyectos de infraestructura, pues solían ser críticas acérrimas de esa política cuando la usaron los gobiernos del PRI y del PAN, pero lucen calladas ante los anuncios del presidente electo López Obrador.

El Presidente electo acaba de declarar que para el megaproyecto del “Tren Maya” se invertirían hasta 150 mil millones de pesos, de los cuales una mínima parte se proyecta como inversión pública y la mayor de inversión privada, como también lo propuso para la terminación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
¿Lo que antes era malo ahora es bueno?… Es una pregunta muy sencilla.

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mrx@expreso.com.mx

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