Proceso atorado

El proyecto original asignaba tres pluris al partido Morena, cuatro al PRI, dos al PAN, una al Partido Verde y una a Nueva Alianza, pero los panistas desde temprano habían anunciado que impugnarían si no les reconocían cuando menos una más, lo que implicaba restar una a Morena, cuyos líderes también mostraron claramente su inconformidad.
El caso es que, pese ser un proceso de estricta determinación matemática, finalmente la política hizo lo suyo en forma de presiones y protestas, por lo que será hasta hoy cuando se dé la decisión final, misma que de todos modos será impugnada… Como quiera que sea, en el futuro Congreso lo que ocurrirá es que seguramente el PRI le “prestará” un diputado al Partido Verde para formar una fracción más y completar así tres con la de Nueva Alianza… Por su parte, Morena, PES y PT tendrían las propias, más la bancada panista… En fin, falta mucho por ver aún en el reparto de poder en el Legislativo.

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Ir al fondo
El diputado local electo Martín Matrecitos, postulado por el partido Morena y a quien se ha perfilado como probable coordinador de su bancada, ha reiterado que sí van por la reducción de sueldos hasta de un 50%, como es la línea de su líder y próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no nada más del Poder Legislativo sino también del Ejecutivo y Judicial.
Y muchos pueden estar de acuerdo con esa acción que busca reducir el costo de los gobiernos, pero si todo el esfuerzo se limita a la baja de sueldos sin hacer que verdaderamente bajen los presupuestos totales, todo quedará en la misma gata, nomás que revolcada.
Es decir que si el presupuesto del Congreso, por ejemplo, no se reduce en una cantidad sustancial para el próximo año, respecto al aprobado para este 2018, significará que los demás gastos millonarios a que tienen acceso los diputados se dejaron intocados y seguirá la misma intención de usar el dinero público para proyectos políticos… Eso es lo que está por verse.

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Lucha por los puestos
Y como era de esperarse, el reparto de los puestos administrativos del Congreso ha originado ya fricciones entre los dirigentes de los partidos Morena, PES y PT, pues el comisionado estatal de este último, Jaime Moreno Berry, ya reclamó públicamente que los de Morena se quieren quedar con todo el pastel y no lo van a permitir.
En términos llanos, en Morena piensan que merecen quedarse con todos los puestos, o al menos con los más importantes, porque si no fuera por sus siglas ni el PES ni el PT hubieran tenido la cantidad de diputados que ya aseguraron (al menos cinco cada uno) y en eso quizás tengan razón, pero la realidad es que sus aliados tendrán 10 diputados que pueden hacer la diferencia.
Lo más seguro es que Moreno Berry consiga los cargos que pelea, porque más allá de la importancia de esos puestos administrativos (aunque algunos significan el control del dinero), lo más importante para Morena será conservar la unidad e ir juntos a determinadas votaciones… En fin, esto es política y cada quien pelea la mejor tajada del pastel.

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Libres, pero no tanto…
El fiscal especial para Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos, ya explicó en forma clara la situación de “padresistas” que salieron libres después de ser arrestados por la presunta transferencia indebida de recursos estatales hacia el PAN, pero no significa que el pago de cinco millones de pesos como reparación del daño haya extinguido la causa penal en su contra.
De hecho, el Fiscal dijo en sus palabras que dicha reparación no exonera a Juan Valencia Durazo, Miguel Méndez, Douglas Taylor y Enrique Terrazas, ya que se sigue otra causa por la presunta transferencia indebida de un total de 96 millones de pesos.
Así, la sentencia que estos “padresistas” seguirán en libertad bajo caución corresponde únicamente al caso de los cinco millones y no excluye que en un futuro estos y quizás otros posibles involucrados deban también rendir cuentas por los más de 90 millones que también salieron del erario y presumiblemente fueron a dar al PAN estatal… O sea que no todo está dicho en este caso.

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El reclamo del dinero
Tal como se los adelantamos, en la manifestación de ayer en Ures de los habitantes de la región del Río Sonora afectados por el derrame de tóxicos de la minera de Cananea, salió a relucir el reclamo por el uso dispendioso y poco transparente del dinero manejado a través del Fideicomiso para la Remediación de esa región.
El dato es que de los dos mil millones de pesos aportados por el Grupo México y entregados al Fidecomiso se aplicaron sólo alrededor de 60%, por lo que quedaron unos 800 millones de pesos de los que no se ha dado más información y al parecer ni siquiera se ha abierto una investigación.
La pregunta es si el nuevo gobierno federal, que iniciará en diciembre, retomará este caso que trasluce irregularidades y abusos, como el hecho de que los administradores del Fideicomiso hayan repartido contratos en forma discrecional y hayan gastado ocho veces más en supuestas estrategias de comunicación que en las acciones para atender los problemas de salud… Lo seguro es que del actual gobierno federal no vendrá ninguna solución.

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mrx@expreso.com.mx