Culpables, pero libres

Culpables, pero libres
Ha habido cierta confusión respecto a la liberación del ex dirigente estatal del PAN, Juan Valencia Durazo y otros tres presuntos implicados en la disposición ilegal de recursos del Gobierno del Estado para transferirlos hacia ese partido, pues la información de primera mano citaba que habían salido bajo el pago de una fianza, cuando en realidad fue por un acuerdo al que llegaron con el ministerio público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

De hecho Valencia fue el último en salir, todos bajo el esquema del Procedimiento Abreviado que es parte del nuevo Sistema de Justicia Penal y por el cual, en pocas palabras, los acusados reconocieron el delito que se les imputó y aceptaron resarcir el daño causado, que en el caso se trataba de la cantidad de 5 millones de pesos sustraídos de la Secretaría de Hacienda estatal durante el anterior sexenio.
Así que, en pocas palabras, aunque se declararon culpables, Valencia y compañía quedaron completamente libres por los beneficios que conlleva el Procedimiento Abreviado, el cual únicamente pudo llevarse a cabo por el consentimiento o por la petición del fiscal Pedro Pablo Chirinos… O sea, “tierrita volada, aquí no ha pasado nada”.

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Los ‘Anti-todo’ contra Célida
Se supone que por estos días la presidente municipal electa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, sostendría reunión con el equipo ciudadano asesor que la apoyará para definir los perfiles de las personas que ocuparán los principales cargos de la futura administración municipal, como son la Tesorería, Seguridad Pública, Oficialía Mayor y Servicios Públicos.
Sin embargo, resulta que los “radicales libres” le han estado reclamando a la ex panista (que ganó la alcaldía postulada por Morena) que el grupo de apoyo esté formado por empresarios supuestamente ligados al PAN y al PRI, lo cual ven como un pecado y hasta traición “a la causa revolucionaria”.
Quién sabe si la Alcaldesa electa vaya a tomar en cuenta estos reclamos de los “anti-todo”, cuando a la vista queda que, si el proceso es realmente transparente, podría tener la oportunidad de apoyarse en los mejores perfiles para lo que será un trienio sumamente difícil… Claro, lo que piden es que los cargos se entreguen por fidelidades partidistas o ideológicas, antes que por las capacidades técnicas para sacar adelante el plan del trienio.

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Que fueron Rojo y Luna
Seguramente usted recordará, estimado Lector, que desde el principio del conflicto por el gasoducto que pasa por tierras yaquis, aquí Entre nos les comentamos que todo inició porque la empresa Ienova había hecho tratos millonarios con un grupo de la tribu, que luego fueron desconocidos por otros de la misma etnia y fue así como se impidió la continuación de los trabajos mediante una serie de amparos.
Pues dos voceros de los opositores a la obra, Martín Valencia y Guadalupe Flores, acaban de asegurar que los conocidos líderes yaquis, opositores en su momento al “padresismo”, Mario Luna y Tomás Rojo, fueron quienes recibieron 104 millones de pesos de la empresa por el supuesto derecho de paso por las tierras sagradas de la etnia y que parte de ese dinero lo repartieron entre diversas autoridades.
Estos acusadores dicen contar con documentos probatorios de que Luna y Rojo recibieron los recursos y por tanto son responsables de los daños a las tierras sagradas y por los hechos de violencia que han cobrado vidas… Falta señalar en esto, la versión de que en su momento la empresa constructora del gasoducto fue engañada con que los millones entregados eran una especie de indemnización para toda la tribu, pero obviamente no fue así.

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¿Sacarán el gasoducto?
En más de este mismo caso del gasoducto, independientemente de si es cierto o no que Tomás Rojo, Mario Luna y otros engañaron a la empresa Ienova y a la propia tribu, luego de recibir la enorme cantidad de dinero, lo cierto es que suena hasta descabellado que la empresa tenga que sacar toda la tubería ya instalada por tierras yaquis.
Resulta que Martín Valencia y Guadalupe Flores estuvieron ante actuarios del Juzgado Séptimo de Distrito y representantes de la empresa Gasoducto de Agua Prieta (filial de Ienova) en una diligencia para demostrar que el gasoducto no funciona, es decir que no transporta gas en estos momentos, con lo cual según ellos se debe cumplir con el mandato del mismo juzgado para que se retire toda la tubería.
Aseguran que la empresa deberá buscar otras opciones para reinstalar la parte del gasoducto que debe sacarse de tierras yaquis, lo cual suena descabellado por el enorme costo que implicaría y al parecer sin posibilidad de llegar a un nuevo arreglo… En fin, a ver cuál autoridad informa qué es lo que viene exactamente para el gasoducto que una vez fue anunciado con bombo y platillo, pero sobre el cual obviamente hubo enorme descuido en las negociaciones de los derechos de vía.

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¡Que no hay denuncia!
A estas alturas resulta realmente inexplicable que no exista denuncia por parte del Capufe, el organismo federal que administra las casetas de cobro que permanecen tomadas por distintos grupos a lo largo de la carretera de Cuatro Carriles.
Los reporteros interrogaron sobre el tema al delegado de la PGR, Darío Figueroa, quien dijo que para una intervención de la fiscalía federal se requiere una querella por parte del Capufe por la afectación que resulta por esas tomas y en la cual también debe identificar a los presuntos culpables de los hechos.
Esto es que, a pesar de la ilegalidad que está a la vista (aun cuando muchos pudieran considerar legítima la lucha por la desaparición de las casetas de cobro), a la propia autoridad, que es el Capufe, parece no importarle mucho… ¡Pues que siga la fiesta!

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mrx@expreso.com.mx

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