Reconocen su trabajo

Cobra relevancia esta designación, pues septiembre es un mes clave para asuntos que mucho interesan a la opinión pública, como es el análisis de las cuentas públicas del año pasado, tanto las estatales como las de los municipios, eso sin contar los actos de representación que este mes en particular son muy emblemáticos.

Como presidenta del Congreso y titular de uno de los tres poderes, Kitty Gutiérrez Mazón deberá acompañar a la Gobernadora en la ceremonia del Grito el próximo día 15, al igual que en los actos conmemorativos de la Independencia nacional, como el desfile cívico-militar y la ceremonia de entronización al Salón de la Fama del Deporte de Sonora, además, claro, de encabezar las representaciones del Poder Legislativo en los informes municipales… Como se ve, será un mes de mucho trabajo dentro y fuera del Congreso para la Diputada hermosillense.

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¡Hay tirooo!
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, sostiene su recomendación de que se amplíe el catálogo de delitos graves enmarcado en el nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP), a fin de que, en esos casos, los delincuentes permanezcan en prisión preventiva… “Hay que pensar en beneficio de la gente”, argumenta el Magistrado.

Por su parte, el abogado Raúl Guillén López, quien se encargó de la implementación del SJP en Sonora, opina que hacer esa ampliación del catálogo será un retroceso porque haría nuevamente graves delitos de bajo impacto social y las víctimas quedarían sin posibilidad de llegar a los acuerdos para reparación del daño que ahora son posibles.

Como se ve, siguen las posturas encontradas, no sólo en Sonora sino a nivel nacional, con argumentos razonables desde ambos puntos de vista, pero es obvio que en algo debe adecuarse el nuevo sistema penal acusatorio ante un auténtico e innegable clamor ciudadano… Y si, teóricamente, en una democracia es el pueblo quien tiene el poder, entonces lo menos que se puede hacer es atender su exigencia de que haya castigos severos contra los delincuentes.

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Historia de una ley fallida
Luego de legislarse la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (la que deben observar los entes de gobierno, pues), los estados debían crear sus propias leyes, apegadas obviamente a la general, por lo que la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (que por cierto preside el comisionado del Istai, Andrés Miranda) redactó una ley modelo o machote para que la retomaran las legislaturas estatales y fuera más fácil crear sus legislaciones en la materia.

Así, durante meses promovieron ese “machote” de ley en todos los estados y muchos la retomaron, pero resulta que el propio INAI salió con que interpuso acciones de inconstitucionalidad por “errores y fallas”, para lo cual desde hace semanas había ordenado a su área jurídica acciones ante la Suprema Corte de Justicia contra las leyes de Zacatecas, Baja California Sur, Yucatán, Guerrero, Tlaxcala, Guanajuato, San Luis Potosí y en la sesión del 30 de agosto ordenó atacar la ley de Sonora.

En esto los responsables son varios: los creadores de la ley modelo; quienes la retomaron sin revisar posibles fallas y, el propio INAI, que durante meses permitió que se promoviera el machote de la ley sin advertir de la inconstitucionalidad…Evidentemente al INAI le importó poco la mala imagen que crea en los estados y prefirió legitimarse como un organismo fuerte con su acción ante la SCJN, siendo que bien pudo primero acordar con las legislaturas que corrigieran las leyes mediante simples reformas, pero como se trata de no quedar mal, pues atacaron la ley que ellos mismos habían promovido… Juegos de perversidades y omisiones a la vista.

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El exdiputado constructor
Se acordarán que hace unas semanas la dirigencia estatal del PAN anunció que impulsaría la creación de comités ciudadanos de vigilancia del Fondo Minero que se entrega a 22 ayuntamientos de Sonora, a fin de transparentar el ejercicio de cientos de millones de pesos que se han entregado en los últimos años en los municipios donde se llevan a cabo actividades mineras.

Al parecer esa iniciativa surgió entre regidores del PAN en Caborca, pues dicen que por allá no hay mucha claridad en torno a cuánto y cómo se ha gastado la administración de la alcaldesa Karina García más de 100 millones de pesos que le han llegado en los dos años recientes desde ese fondo y es justo que rinda cuentas.

Hasta allí todo bien, pero resulta que ahora se supo que tras ese supuesto movimiento por la transparencia, anda el “padresista” exdiputado local Ignacio García, apodado “el diputado constructor” por el tráfico de influencias con que conseguía obras para su empresa “Premaco” durante el anterior sexenio… Es decir, con todo y lo legítimo de su exigencia, a los panistas caborquenses les están recordando que “para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”…

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mrx@expreso.com.mx