Palabra del delegado

PALABRA DE DELEGADO
El delegado de Gobernación en Sonora, Wenceslao Cota Montoya, se ha convertido en lavoz de Gobierno más firme en la exigencia de que se cumplan los compromisos adquiridos con los habitantes de los pueblos del Río Sonora 
afectados por el derrame de tóxicos de la Minera de Cananea, un suceso que alcanzó resonancia internacional hace ya casi tres años. 

Cota Montoya concede que hay un desánimo por los pocos resultados que se han logrado hasta el momento, pero insiste en que, a pesar de la percepción en contrario, el compromiso de la Federación sigue firme y que aún se puede hacer uso de diversos mecanismos para lograr que se cumpla la normatividad y los compromisos pendientes.

De cierta forma, el Delegado rechaza que haya desentendimiento de parte del Gobierno, pero acepta que el Fideicomiso para la Remediación del Río Sonora se creó al calor de la emergencia en agosto de 2014, pero como que luego de pasado lo peor de la crisis se enfrió el asunto y aquel ánimo, cuando funcionarios de alto nivel del gabinete federal se establecieron en Hermosillo, de plano se apagó… Lo interesante es que Cota Montoya habla de mecanismos legales que allí están para hacer que todos, Grupo México, el Fideicomiso y las dependencias federales, cumplan su parte… A ver.
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¿Y LOS 700 MILLONES?
Aparte del incumplimiento de los compromisos (que ahora se quieren cumplir, pero “mochos”, como en el caso de las potabilizadoras y la clínica de Ures), hay dos aspectos centrales en esto del Río Sonora que no se puede obviar: uno es la falta de información confiable para los pobladores de la zona, pues no es creíble que “el peor desastre ecológico en la historia de la industria minera de México”, haya pasado a un estado norma len unos cuantos meses.

Y un segundo punto, es que hay 700 millones de pesos pendientes por invertir en la región, que no son del Gobierno Federal sino aportados al Fideicomiso por el Grupo México, recursos que no se sabe dónde están, como tampoco se supo con cuentas claras cómo se ejercieron otros más de mil millones de pesos, aunque evidencias de manoteo y malversación allí quedaron en los reportes periodísticos.

Ya se sabe que el gobierno no se caracteriza por eficiente en la aplicación de recursos y que los funcionarios suelen ser “malitos” a la hora de rendir cuentas, pero se suponía  que, en este caso, sobre el que estaban las miradas de investigadores y activistas pro ambiente, se iba a manejar en forma transparente, pero la verdad es que han quedado debiendo y mucho… Los problemas persisten y dinero hay, por lo que al parecer sólo falta voluntad de gobierno para hacer las cosas bien.

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LA LISTA POR EL ISAF
Ya les platicábamos que el próximo lunes el Comité Ciudadano para la Evaluación del Desempeño Legislativo informará la lista definitiva de los que queden “vivos” de entre los 25 aspirantes registrados para obtener la vocalía  ejecutiva del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en sustitución de Eugenio Pablos Antillón, quien se va con todo el dolor de su alma, pero no nada más por dejar el puesto, sino porque le habían dado vuelito para quedarse y no le cumplieron.

Pero más interesante es ver si de veras se van a publicar las recomendaciones y las impugnaciones que el Comité recibió sobre esos aspirantes, lo cual pudiera ser riesgoso si se toma en cuenta que son muchos los intereses económicos y políticos que hay en torno a la disputa por ese cargo público que, para que se lo sepan, tiene 250 empleados en nómina, es decir casi del tamaño de una Secretaría.

Por otro lado, luego vendrá la elección de la terna por parte del Comité, en la que el único seguro, hasta ahorita, es el exadministrador del Congreso Ramón Moya, a quien aquí “Entre nos” mencionamos desde semanas antes de su renuncia y de que iniciara el proceso… Un punto a anotar es que muchos piensan que fue un error de los miembros del Comité aceptar esta responsabilidad, porque dejarán a tres contentos y a 22 molestos… ¿Será?
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PARA QUÉ UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN
Imposible regatearles la razón a los comentaristas nacionales que ayer pusieron como palo de gallinero a las autoridades mexicanas por los desatinos con que han manejado el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás  Yarrington, arrestado en Italia a petición de agencias de Estados Unidos, luego de muchos años de haber huido impunemente de México pese a cargos tan graves como la colusión con bandas del narcotráfico.

Como se sabe, una primera reacción de las autoridades mexicanas fue intentar colgarse su propia medallita en el arresto de Yarrington, lo cual fue desmentido rápidamente, para luego quedar exhibidas por los cargos tan nimios que aquí se le imputan al exgobernador priista, en comparación a los que en Estados Unidos seguramente le implicarán cárcel de por vida.

Ante esta nueva exhibida, los analistas se preguntaban ayer para qué queremos en México un fiscal anticorrupción, si la chamba de atrapar a los corruptos desde hace tiempo parece estar delegada a los Estados Unidos, a donde van exgobernadores corruptos, narcotraficantes y narco políticos, mientras que los que se  quedan aquí luego son dejados en libertad… Y parece que razón no les falta.