Inseguridad pública: reconocer el problema
“A veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo de las instituciones del Estado mexicano”.
Así respondió un Presidente Enrique Peña Nieto, visiblemente molesto, al discurso de María Elena Morera, líder de la organización civil Causa en Común, quien había señalado la existencia de una “masacre de proporciones bélicas” debido al preocupante número de asesinatos, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, secuestros, extorsiones y robos que ocurren en el país.
La reacción del Presidente se convirtió en un elemento central del debate público durante esta semana y el costo mediático que tuvo que pagar fue muy alto: “Peña Nieto se ve cada vez más intolerante”, “debería indignarse, pero no ante las críticas de la sociedad civil, sino ante la epidemia de violencia que enfrenta México”, “cometió un atentado a la libertad de expresión”, “el gobierno se niega a reconocer la magnitud del problema”, etc.
Sin duda el Presidente tiene razones para estar molesto, pero no con los ciudadanos organizados que, en condiciones muy adversas fiscalizan las acciones de gobierno, sino con una estrategia y un andamiaje institucional absolutamente disfuncionales que han llevado al desastre a la seguridad pública.
Peña Nieto escogió muy mal al objetivo de su crítica, porque María Elena Morera es uno de los líderes ciudadanos más respetados, por su entusiasmo y compromiso en la lucha por construir un México más seguro. Ella no habla de la inseguridad como espectadora, la vivió en carne propia cuando hace años su esposo fue secuestrado. Finalmente retornó con vida, pero sufrió la mutilación de varios dedos. Un caso entre miles que ocurren en medio de esta ola de miedo y violencia que domina al país.
Los datos que Morera aportó en el marco del 6º Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías, eran para cimbrar a cualquiera: en 2016, 24 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito; todos los crímenes de alto impacto van al alza, por ejemplo, el robo con violencia tuvo un incremento de 38% en el último año; se registran 2,300 asesinatos al mes, “muchos de ellos jóvenes de origen humilde que poco cuentan para los políticos”.
La conclusión de la activista fue devastadora: “La violencia que vivimos no es temporal ni regional, es endémica y de alcance nacional. No se ha logrado contenerla y, mucho menos, revertirla”.
Causa en Común presentó, además, los resultados de su Índice de Desarrollo Policial (Indepol) que se basa en una encuesta a casi 5 mil elementos de las policías estatales y federal. De acuerdo con este estudio: casi la mitad (45%) gana menos de 10 mil pesos al mes; 90% nunca ha recibido estímulo o reconocimiento por su labor; dos de cada tres policías nunca ha tenido un ascenso; un tercio piensa que las promociones se les otorgan a los “recomendados”. 41% afirma tener que pagar por sus botas, 38% por su uniforme, 32% por papelería para informes, 26% por las reparaciones de las patrullas, 12% por la gasolina de las mismas, 20% por los cartuchos, y 11% por sus chalecos antibalas. En sus respuestas: 30% señaló humillaciones, 28% discriminación, 16% acoso sexual y 15% abuso físico. Cuatro de cada 10 elementos policíacos reconoce que hay corrupción en su corporación.
De acuerdo con Causa en Común, la encuesta revela que las policías en México se encuentran en una situación de fragilidad extrema y que, si queremos exigirles cuentas, “primero debemos ofrecerles condiciones de vida y trabajo adecuadas”. “Si queremos que nos cuiden, empecemos por cuidarlos”.
De acuerdo con el Inegi, hay 331 mil policías y agentes de tránsito en México. Hoy, ante la falta de buenos salarios y de estímulos adecuados, se han convertido en parte del problema.
Debemos entender que las policías y la política social, son dos de los mejores instrumentos para reconstruir la paz y la seguridad de nuestras comunidades. Se requieren sí, mejores salarios, pero también capacitación en valores cívicos, respeto a sus derechos, dignificación de la carrera policial.
Ante la crítica situación, el Presidente no debe enojarse, sino escuchar a la sociedad civil y poner manos a la obra reestructurando sus estrategias, programas e instituciones de seguridad y obligando a estados y municipios, que reciben millonarios recursos para aplicarlos a la seguridad, a hacer la parte que les toca.
Diagnósticos ya tenemos suficientes, faltan acciones decididas y, ahí, el gobierno nos sigue debiendo a los ciudadanos.
