A dos años del tumultuario y mortal levantón, el fiscal federal del caso, Alfredo Higuera, dijo a la agencia AP que “podría ser lo más pertinente” realizar otro estudio pericial en el basurero de Cocula.

Para ello, advirtió, deberán estar de acuerdo los padres de Los 43.

Ese basurero es donde, según el informe oficial (cuatro meses después de la desaparición) y la cuestionada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, muchos o todos los cuerpos fueron quemados hasta su carbonización.

Ya sin Tomás Zerón en la dirección de la Agencia de Investigación Criminal, muy explicablemente, la PGR parece querer distender la presión de los padres y sus representantes para negar, a toda costa, la quema de cuerpos en ese lugar.

Si la autoridad constitucional responsable de la investigación consigue el “permiso” para otro peritaje y éste desmintiera lo que sus expertos, los forenses argentinos y el grupo colegiado internacional han afirmado, el problema será digerir que la PGR, institución clave del Estado mexicano, con y sin Murillo, simplemente fabricó una descomunal marranada.