Por “externa” que haya sido como candidata del PAN a una diputación en Sinaloa, es inexplicable que el partido tradicionalmente moralista perdiera durante casi un año la oportunidad de repudiar a Lucero Sánchez López.

Bastaba que desde abril de 2015 se supiera que, valiéndose de una falsa credencial de elector y un acta de nacimiento igualmente falsa (como Devany Vianey Villatoro Pérez), la señora visitara en la cárcel del Altiplano a Joaquín Guzmán Loera, para que se desmarcara de quien sigue libre gracias al obsceno fuero legislativo (aunque ya en calidad de indiciada, o sea: bajo sospecha de haber delinquido, según el Ministerio Público federal).

Papelazo también el del congreso de Sinaloa, obligado ahora a instruir lo que debió hacer el año pasado: un juicio de procedencia para quitarle a la probable timadora el privilegio de no haber sido, cuando menos, arraigada.

Aunque la Constitución ampara su derecho al silencio que guardó en la Seido, el sospechosismo se aviva, precisamemente, por no haber dicho ni pío.