Con la renuncia del constitucionalista Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, los senadores que le hicieron al Tío Lolo no tienen coartada para seguir postergando la designación del Fiscal General de la República.

Objetado que fue por su filiación priista, el reto legislativo es localizar a la mujer o al hombre que no solo sea probo y docto en Derecho sino capaz de haber mantenido en secreto sus inclinaciones partidistas.

Si lo que pretenden es dar con alguien que no haya dejado rastro de sus simpatías o antipatías ideológicas o políticas fracasarán, porque tal fenómeno, simplemente, no existe.

Para honra del renunciante, prácticamente nadie que importe ha puesto en duda su capacidad ni su honradez.

En quien sea que recaiga la designación, ojalá los senadores tomen en cuenta que de ella o él no dependerá, como tramposamente arguyeron los detractores de Cervantes, el Fiscal Anticorrupción, a quien debieron y pudieron haber nombrado ya, pero se han hecho majes por despreciar las instancias judiciales y ciudadanas institucionalizadas con las que éste deberá, obligadamente.