¿Sonora seguro?

La mera verdad es que la seguridad en Sonora no atraviesa por su mejor momento.

En Nogales los asesinatos están a la orden del día, en Ciudad Obregón el crimen organizado ha sentado sus reales de tiempo atrás mientras que en Hermosillo la delincuencia común hace y deshace a su antojo.

No se registran los crímenes de impacto ni las matanzas que lamentablemente registran otras entidades del país, pero tampoco tenemos un estado seguro y pacífico.

Hace unos días un conocido ciudadano fue asesinado por un ladrón en su propio domicilio. En Nogales suman 34 homicidios en lo que va del año, Hermosillo anda sobre los 120 mientras que Ciudad Obregón está catalogada entre las 50 ciudades más violentas del país.

Para colmo el viernes pasado se suscitó una riña entre miembros de la tribu Yaqui con un saldo de una persona fallecida, ocho lesionadas y más de diez autos incendiados.

Curiosamente ocurrió el día que se celebraba la conferencia regional de secretarios de seguridad pública a la que asistió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

El grave incidente en la tierra yaqui fue ocasionado por la oposición de uno de los siete pueblos a la construcción del gasoducto que se construye desde el año 2013 y que proveerá de gas natural al sur de Sonora y norte de Sinaloa.

Los habitantes de Loma de Bácum reclaman que fueron violados sus derechos y que no han autorizado la construcción del ducto a pesar de que el resto de los pueblos yaquis ya había dado su consentimiento.

Ya sabemos que los yaquis son bravucones y violentos, pero tampoco se mandan solos por lo que habrá que investigar quien o quienes están detrás de este enfrentamiento que costó la vida de un habitante y que afectará la imagen de Sonora en momentos cruciales para la entidad.

Ayer se designó al fiscal especial Juan de Dios Godoy Rentería que investigará los hechos para dar con los culpables de la agresión armada y de paso iniciar un proceso de desarme entre los pobladores de la zona.

Con el cuento de la pobreza, la ignorancia y la marginación de la tribu yaqui, se han dado demasiadas concesiones a sus miembros, incluyendo la impunidad que han gozado como cuando bloquearon durante años la carretera internacional 15 en protesta por el acueducto El Novillo.

No se vale ni debe permitirse combatir una supuesta ilegalidad con acciones ilícitas y menos violentas. Las autoridades estatales están obligadas a actuar es este espinoso caso de manera expedita y sin intereses políticos.

En Sonora se requiere que el imperio de la ley se aplique en todos los rincones de la entidad, sin distingos de grupos ni demoras que privilegien a los delincuentes.

También es menester investigar porque ninguna autoridad detectó previamente el zafarrancho del pasado viernes lo que hubiera salvado al menos una vida y evitado la tensión y el amargo momento para los miembros de la etnia yaqui.

Y por último indagar a fondo si detrás de los líderes opositores hay otros intereses que evidentemente van en contra del desarrollo económico y la paz social de los sonorenses.

¿Quién a estas alturas –con los avances de la tecnología- puede oponerse a que se instale un gasoducto que redundará en la creación de empleos y de riqueza para la región?

Agitada frontera

Al fin el gobierno federal busca solucionar la llegada masiva de migrantes de Haití y África a las ciudades fronterizas de Baja California y Sonora… El alud inició en Tijuana, se extendió a Mexicali y continuó a San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora… Son más de cinco mil los migrantes que han arribado y podrían llegar varios miles más en los próximos meses… Según el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, las autoridades norteamericanas aumentarán de 35 a 110 la atención diaria de las solicitudes de asilo… Como se esperaba, el ex gobernador Guillermo Padrés no se presentó ayer a la audiencia de la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional... En días pasados esta Comisión que preside Luis Felipe Bravo Mena suspendió los derechos como panista del político sonorense y nada difícil será que en un futuro sea expulsado del blanquiazul si se comprueban los cargos por corrupción en su contra. La pregunta es: ¿por qué no envió Padres a un representante legal que lo defendiera?

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