La consulta popular sobre el aeropuerto avivará el encono entre mexicanos

Pareciera un contrasentido el que buena cantidad de twitteros no quiera opinar sobre algo tan trascendente para el país, cuando la principal característica de esta plataforma es que sus usuarios suelen opinar de lo que sea con una sapiencia digna de experto.

A la par, claro, otro grupo numeroso está a favor de que sí se lleve a cabo este ejercicio que el futuro equipo presidencial ha calificado como el primer gran acto democrático de un gobierno que, curiosamente, iniciará por lo menos un mes después de que se realice la consulta, prevista para finales de octubre próximo.

Suena lógico pensar que no puede dejarse al sentir popular la decisión sobre un proyecto de la envergadura del aeropuerto, del cual depende no sólo la eficiencia del tráfico aéreo, la rentabilidad en la carga e intercambio de mercancías y la afluencia turística, sino también la vida de personas, tanto de las que confluyan en la terminal aérea como de las que habitan en una zona considerada ecológicamente prioritaria, como es el lago de Texcoco.

En los a favor y en los en contra reside el verdadero riesgo de todo este asunto: Llevar a cabo una consulta pública en torno al fin que habrá de tener el proyecto, sólo logrará exacerbar el encono de por sí arraigado entre dos bandos muy definidos, que son los adoradores de López Obrador y sus detractores, ambos con sus marcados intereses, a los que se suman los del gran capital privado inmerso en la construcción del nuevo aeropuerto, con inversionistas y contratistas que no perderán así nomás porque sí sus inversiones multimillonarias.

Puntos para agravar el odio hay bastantes, y de los dos lados tendrán mucho para embarrarse a la cara: Unos, que cómo van opinar de cosas que corresponden a los expertos técnicos; otros, que por qué no, si consultas mayores (como el “Brexit”) se decidieron a través de un referéndum; y los unos entonces revirarán que, arrepentidos, ahora los británicos claman el “regretxit”.

Unos destacarán que el aeropuerto será fuente de 450 mil empleos directos e indirectos, y otros plañirán que la construcción daña irreversiblemente el ecosistema del Lago de Texcoco (por cierto, catalogado como una red de acuíferos en proceso de desaparecer).

A partir de ahí las dudas se vienen en cascada y serán tierra fértil para avivar las pasiones: Quiénes y cómo formularán las preguntas de la consulta a fin de que no sean tendenciosas, qué y cuánta información se dará a la gente a fin de que elija con conocimiento de causa, quién y de dónde pagará el elevado precio del ejercicio; además, si se planea para finales de octubre, ¿bastarán tan pocos días para difundir lo necesario y organizar lo indispensable?

También importante saber quién organizará el evento, qué organismo tiene la capacidad de producir y, sobre todo, de generar mínima confianza y certeza en los resultados. Por lo pronto el Instituto Nacional Electoral (INE) ya dijo que ellos no, primero porque están legalmente impedidos, pues la Constitución les permite realizar una consulta popular sólo en año electoral (que se cierra el 29 de agosto próximo); y, segundo, porque no cuentan con los recursos económicos, que calculan en alrededor de 1,800 millones de pesos, basados –dice el INE– en los 12 mil 500 pesos que costó cada casilla instalada en el proceso de elección interna del PRD, y eso reutilizando la mayor cantidad posible de materiales de las elecciones pasadas y con boletas en papel sencillo, sin los candados de seguridad. Pero más allá, la Constitución federal dice muy claro que la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados corresponde, precisamente, al órgano electoral, o sea el INE.

Hay otros aspectos legales que no están siendo considerados y a los que muy seguramente se va a recurrir para desvirtuar la consulta que, en efecto, pareciera que se quiere hacer a troche y moche. El artículo 35 constitucional señala, por ejemplo, que las consultas de este tipo deben ser convocadas por el Congreso de la Unión (o sea las dos cámaras, diputados y senadores juntos) a petición del presidente de la República, cargo que López Obrador asumirá hasta el primero de diciembre, o por el 33 por ciento de los integrantes de cualquier cámara, o por el dos por ciento de la lista nominal de electores.

Luego, excepto si se tratara de una petición ciudadana –el dos por ciento de electores–, la consulta debe ser aprobada tanto por la cámara de diputados como por la de senadores, y antes de que el Congreso de la Unión hiciere la convocatoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que avalar la constitucionalidad del tema, en este caso lo del aeropuerto, el cual bien alguien a futuro podría controvertir en tribunales alegando que el proyecto es vital para la seguridad nacional, siendo que la Constitución prohíbe que ese tipo de asuntos se puedan debatir en una consulta ciudadana.

Eso y más dicta el 35 de la Carta Magna, pero es de temer que no se han dado cuenta o no han querido hacerlo, porque ninguna de las condiciones se cumple y se ve difícil acabalarlas, al menos de aquí a octubre que viene.

Volviendo a los puntos de fricción entre amlovers y antepejistas, cabe reflexionar en si se debe consultar sólo a los más cercanamente interesados, es decir a los habitantes del Valle de México, o a la gente de todo el país, a la que el asunto le compete como usuario ocasional del aeropuerto y por el impacto que tenga en la economía nacional; aunque, también es verdad que a mayor distancia del conflicto, las personas están menos interesadas en el mismo, y eso puede diluir el resultado esperado.

Por lo demás, una de las partes en conflicto alegará que es responsabilidad del gobernante tomar este tipo de decisiones ejecutivas y de gran relevancia nacional, mientras el otro lado argumenta que lo democrático es preguntar al pueblo, y en tanto unos más revirarán que el conglomerado social se mueve con base en sentimientos y resentimientos, lo cual obviamente nubla la razón.

Al propio presidente electo de México le tocarán los dimes y diretes: blandengue que no asume determinaciones, demócrata que escucha a su población, Pilatos que se lava las manos y manda crucificar a quien la gente enardecida le ordene.

Y cuando la consulta termine (si es que se hace, porque se antoja consultar primero si se debe consultar), más que un aeropuerto quedará la contrariedad entre la gente, la división, la desavenencia, el encono que –como dice el diccionario– es el “rencor arraigado en el ánimo”.

*Periodista