Violación a la Supremacía Constitucional en la Sentencia del Futuro
En este periódico y en algunos otros medios de comunicación, han desfilado artículos y comentarios de diversos juristas que dejan en claro el origen e inspiración de la sentencia más comentada del año. Para los juristas que están en el "presente" del actual tiempo constitucional, enmarcado en las reformas de los derechos humanos y que tienen como modelo el actuar de las Cortes Internacionales de los Derechos humanos, tanto europea como americana, y el esquema subsidiario de las instituciones internacionales, en un marco de soberanía y supremacía constitucional, estos comentarios resultan desbordados por una realidad jurídica. No puede uno sino cuestionarse si dicha sentencia del futuro, ejemplar o histórica, representa en realidad una sutoria colectiva de un grupo que la postula no como un estandarte jurídico, sino como una acción política. Es decir, romper el Estado de Derecho constitucional en un momento ele
Sólo así se entiende que los problemas que habíamos señalado durante muchos años de la confusión entre delincuencia organizada y Estado, sean hoy presentados con una frase que culpa a un estado débil que ellos mismos han ayudado a debilitar. Los informes dados a conocer por los relatores de Naciones Unidas y de la OEA en torno a las presiones hacia los comunicadores son contundentes: la debilidad estatal en el ámbito municipal y local son los causantes de incremento de la violencia en el país.
Esta verdad tiene relación con el avance de los grupos de delincuencia organizada transnacional, resoluciones ejemplares de extraños efectos corruptores y de rompimientos del orden constitucional sin los cauces institucionales son el caldo de cultivo de lo que hoy existe en el país.
La relación entre la delincuencia organizada y los entes estatales, incluyendo los municipales, los procesos de infiltración de la delincuencia organizada en el Estado y el rol de los policías corruptos, que trabajan para los grupos delictivos. Lo que pretende la resolución del Tribunal de Tamaulipas es trasladar hacia el gobierno la responsabilidad por los sucesos del caso Ayotzinapa, que han recaído hasta ahora en el crimen organizado, aun cuando para ello exculpe a secuestradores y asesinos.
Esto implica que, de actores identificados como "Guerreros Unidos", los que realizaron los actos, serán ahora considerados sujetos indeterminados según este tribunal.
El propósito es pues político, y el Tribunal de marras echa por tierra el trabajo de investigación, cuyos resultados están apoyados en pruebas materiales contenidas en los cientos de tomos que el tribunal difícilmente revisó, para después culpar a las autoridades de haber realizado los actos que las pruebas norteamericanas de manera tan contundente señalan respecto a los perpetradores: los "Guerreros Unidos".
Ayotzinapa ha sido un acontecimiento icónico en la historia del país, en la que se ha buscado reprochar a un gobierno de hacer su trabajo y aun cuando éste no tendría por qué sentirse amenazado por la "verdad" en la voz de 43 estudiantes la construcción narrativa respecto a la resolución es falaz y efímera, sólo durará hasta las próximas elecciones, pues tiene clara naturaleza política. Mientras que los abogados que dicen defender a las víctimas pero que en realidad defienden a los procesados como Mario Patrón, se regocijan con esta sentencia que avanza hacia la impunidad.
Las evidencias claras, las pruebas, de que se trató de una confusión de los "Guerreros Unidos" lo que llevó al secuestro de los estudiantes, con la finalidad de hacerles daño, ante la creencia de que pertenecían al bando contrario. La consecuencia de libertad que de estas acciones del Tribunal resulta para los Guerreros Unidos procesados, así como el mensaje de permisión que se envía a todo el crimen organizado, ya no tienen calificativo, aunque sí denominación: garantizar la impunidad.
Samuel González Ruiz
(Ex director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR)
