La administración Trump o cómo unir a México

Sabemos bien que las declaraciones de unir a México no pueden ser retóricas, y menos aún abrir la puerta a una demagogia nacionalista. Unir no significa salir agarrados de las manos y tomar el Zócalo, el monumento del Ángel de la Independencia o cualquier otra plaza pública; ni hacer la ola o echarle porras a nuestra selección nacional de futbol; o manifestarse en contra del resultado electoral de la democracia del sistema presidencial más antiguo del mundo.

Unir a México conceptualmente resulta ser sencillo; el problema es cómo poner en marcha una organización muy compleja para llevarlo a cabo. Los valores e ideales que nos unen están establecidos en nuestra Constitución (CPEUM); muchos de ellos están expresados como derechos humanos: la libertad económica, la libertad de expresión, la libertad política, la solidaridad, la igualdad ante la Ley; la preferencia generalizada de que sea sólo el Estado el que haga valer la justicia, etc.

El auge petrolero no ayudó para materializar una mejor infraestructura institucional y avanzar en la reducción de pobreza y desigualdad.
Hoy más que nunca se requiere de una coordinación eficaz de los tres órdenes de gobierno y de los poderes en torno a la prosperidad de todos, porque la cruda realidad sigue mostrando que muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. La gran mayoría de la población percibe que su integridad física y patrimonial están amenazadas; enfrenta la inseguridad jurídica porque no dispone de los medios para pagar la mejor defensa; está lejos de la buena educación, y los servicios de salud tienen tiempos de espera largos y de baja calidad.

Nos toca a todos contribuir y aportar un granito de arena. ¿En qué consiste nuestra aportación? Lo más sencillo empieza por cumplir desde lo más simple, como el reglamento de tránsito hasta hacer cumplir lo establecido en nuestra CPEUM.

El andamiaje institucional para imponer límites, ejercer pesos y contrapesos dentro de un contexto de Estado democrático de derecho urge para que la clase política y partidos políticos funcionen para lo que fueron ideados: sacar a lo malo y atraer lo bueno. Hoy sucede lo contrario.
Tengamos presente que el ciclo de la reforma de Estado iniciada por el presidente De la Madrid y ahora concluida con las reformas energética y de telecomunicaciones pasó la responsabilidad del crecimiento económico al sector privado. El Estado se ha reservado la rectoría, la cual implica crear el ambiente propicio para el desarrollo económico, esto es crecimiento económico con distribución del ingreso con certeza jurídica al aplicar la Ley.
A los ciudadanos nos toca exigir los servicios públicos básicos cuya oferta sea suficiente en cantidad, calidad y cobertura pagando por ellos con nuestros impuestos. Y exigir implica incluso recurrir a tribunales.

La reciente aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 le ofrece una oportunidad de oro al nuevo procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade. Los diputados federales de esta legislatura recurrieron nuevamente a su vicio: crearon nuevos programas no contemplados en el proyecto del Presidente de la República. La violación flagrante de la CPEUM consiste en que los diputados federales sólo tienen facultad de modificar el presupuesto de egresos. No se contempla la creación de nuevos programas; no sólo porque no cumplen con todo el proceso de planeación, programación y presupuesto, sino porque simplemente romperían con los contrapesos: no se puede ser juez y parte; no se puede crear un programa y aprobártelo. El instrumento lo tiene el procurador: controversia constitucional por invadir esferas de competencia.

Sin justicia adentro es imposible enfrentar a un presidente de los Estados Unidos con el potencial de superar a cualquier tirano de país subdesarrollado. Nuestros impuestos son demasiado importantes para permitir que los gobiernos improvisen. Son tiempos de cambio.

Jorge A. Chávez Presa
(Economista)