La globalización nos afecta a todos. El actual régimen mundial de comercio e inversión impone altos costos sociales y ambientales a las personas y al planeta. En muchos casos, los gobiernos favorecen el comercio por encima de las normas sociales y ambientales, incluyendo la regulación diseñada para promover y proteger el interés público. Lamentablemente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), es ejemplo de lo anterior.

Lograr un sistema comercial transparente y justo requiere normas. Y estas normas deben respetar los valores nacionales y culturales, permitir el desarrollo sostenible y aplicar efectivamente los objetivos de los acuerdos de las Naciones Unidas, como el Acuerdo Climático de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Los tratados ambientales, los acuerdos sobre derechos humanos y las normas internacionales del trabajo -con principios de igualdad y responsabilidad intergeneracional- deben prevalecer sobre las normas comerciales.

Desde Greenpeace consideramos que el intercambio internacional de bienes y servicios, y sobre todo de ideas, puede ayudar a hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. Sin embargo, el comercio no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para lograr objetivos sociales y ambientales que nos mantengan dentro de nuestros límites planetarios. Por ello, Greenpeace demanda un reequilibrio y una reestructuración de las normas de comercio e inversión, responsabilidad corporativa, rendición de cuentas y obligaciones para las corporaciones e inversionistas.

Este fin de semana inicia una nueva ronda de discusión entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos para decidir el futuro del Tlcan. Desde nuestro punto de vista, para asegurar que el comercio funcione para las personas y el planeta, y no al revés, las políticas comerciales y de inversión deben cumplir como mínimo los siguientes principios:

1.- Ser mandatados, negociados, acordados y revisados de manera transparente y democrática de cara a la sociedad.

2.- Respetar los límites planetarios de la Tierra y garantizar el uso equitativo, sostenible y responsable de los recursos naturales.

3.- Contribuir activamente al desarrollo sostenible, la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente. En concreto, deben adherirse plenamente a los acuerdos internacionales como el Acuerdo Climático de París, la Convención Sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, en lugar de socavarlos o ignorarlos.

4.- Definir el principio de precaución como una obligación legal de proteger la salud pública y el medio ambiente, mismo que deben aplicar todas las partes en el acuerdo.

5.- Garantizar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente, de las comunidades afectadas, de los consumidores y los trabajadores, de la salud y de los servicios públicos.

7.- Reforzar el acceso justo y equitativo a la justicia y la protección jurídica. Los inversores y las corporaciones deben respetar los derechos de las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente.

8.- Reconocer explícitamente las regulaciones sociales y ambientales como medidas de protección necesarias, no como obstáculos al comercio.

9.- Respetar las regulaciones para proteger la soberanía alimentaria, la biodiversidad y las diferencias culturales. Las reglas y regulaciones reflejan una variedad de caminos de desarrollo en diferentes países, y ofrecen flexibilidad política, especialmente para los países menos desarrollados y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la comunidad.

10.- Estar sujetos a evaluaciones de impacto independientes que revisen los efectos sobre los derechos humanos, el medio ambiente y la protección social.

Estos principios se centran fuertemente en la protección del medio ambiente. No son exhaustivos y no pretenden competir con los desarrollados por otros actores de la sociedad civil. Sería deseable escuchar a los negociadores mexicanos abordar estos puntos y conocer si los están contemplando o no.

Gustavo Ampugnani
Director ejecutivo de Greenpeace México