El pasado 30 de septiembre, elementos del crimen organizado perpetraron un cobarde ataque contra elementos del Ejército mexicano en Culiacán, Sinaloa, donde perdieron la vida cinco soldados y otros 11 resultaron heridos.

El convoy que trasladaba al hospital a un importante narco –“El Kevin”-, herido durante una operación en el municipio serrano de Badiraguato, escenario de una cruenta lucha entre diversas células criminales por el control del territorio, fue agredido con granadas y fusiles Barrett, capaces de atravesar una pared y derribar un helicóptero, lo que nos da una idea del elevado poder de armamento que poseen los cárteles del narcotráfico.

La reacción del Presidente Peña Nieto no se hizo esperar, al manifestar que “El ataque a elementos del Ejército Mexicano en Sinaloa no quedará impune. Los responsables de estos hechos responderán ante la Ley”. Las muestras de indignación se extendieron a casi todos los sectores, pero llamó la atención, de manera muy particular, el tono del General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos al advertir: “vamos con todo contra las bestias criminales”.

El hecho puso en el ojo del análisis público dos temas centrales: primero, el papel de esta institución en las tareas de seguridad, y en segundo lugar, el necesario reconocimiento a la entrega de estos hombres y mujeres a una tarea de la mayor prioridad para el país, como es resguardar los bienes y las vidas de los ciudadanos.

Con respecto al primer tema, la participación del ejército en responsabilidades que deberían estar a cargo de las autoridades civiles, seguimos sumidos en una enorme indefinición jurídica. La reforma propuesta hace seis años por el Senado de la República para normar la actuación del Ejército en tareas de seguridad, que involucraba al Consejo Nacional de Seguridad, los gobernadores, los congresos locales y a la propia Cámara Alta, se quedó estancada en la congeladora de los diputados, lo que sigue dejando en manos del Presidente de la República, en su carácter de Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas, la decisión sobre el alcance y el carácter del papel del Ejército y la Marina en la lucha contra la delincuencia organizada.

Ambas instituciones se han visto sometidas a un fuerte desgaste, porque hay una contradicción de fondo en la tarea que les han encomendado: están equipadas para utilizar la máxima fuerza que proveen las armas en contra de los detractores de la ley, su misión es liquidar, eliminar. Lo otro, la presencia y acción a nivel territorial, la disuasión, la neutralización y detención de posibles delincuentes, corresponde a las policías.

El ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, la defensa de la soberanía, la protección del Estado mexicano y sus instituciones ante posibles embates subversivos internos o amenazas del exterior. Las Fuerzas Armadas velan por lo estratégico. En cambio, el ámbito de responsabilidad de las policías es la seguridad pública, garantizar el funcionamiento de la vida cotidiana, el día a día del ciudadano.

De ahí las denuncias en contra del Ejército por violaciones a los derechos humanos, lo que ha golpeado el orgullo y la autoestima de la institución, pero también la confianza de los ciudadanos. De acuerdo con la encuestadora BGC, entre agosto de 2007 y diciembre de 2010, el porcentaje de la población que dijo tener “mucha confianza” en el Ejército, cayó de 51 a 39%. Lo que coincide con la etapa de mayor confrontación con el crimen organizado.

Actualmente, de acuerdo con la misma fuente, sólo el 25% expresa “mucha confianza” en esa institución castrense. El fracaso en la lucha contra la inseguridad –responsabilidad de las malas decisiones de las autoridades civiles- le está pasando la factura a las Fuerzas Armadas.

Y a mí me parece que esta valoración resulta muy injusta. Del 2000 a la fecha han muerto 718 militares en el combate al crimen organizado, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Detrás de cada uno de ellos no hay “tropa”, “efectivos”, hay seres humanos, familias, comunidades. Muchos de los caídos son padres, esposos, hijos, hermanos, que entregan su vida por los intereses más elevados del país.

Gracias a nuestros soldados y marinos estamos haciendo frente al mayor desafío histórico en materia de seguridad. Se esperaba una mayor reacción de indignación ante los graves hechos de Culiacán. ¿Quién defiende a estos servidores públicos? ¿Quién enaltece su ejemplo? ¿Quién preserva su memoria? Hagámosles justicia y hagamos eco también de la creciente demanda de nuestras Fuerzas Armadas para contar con un marco normativo que preserve sus funciones constitucionales y su dignidad. Lo merecen.