Hace unos días fui a recargar el tag para poder usar el segundo piso. Lo hice en una sucursal de la franquicia de una cadena transnacional autorizada para ello.

Pero cuando lo quise utilizar, resultó que no había saldo.

Más allá de la molestia personal y del lío que se genera en esos casos con el de por sí complicado tráfico vehicular de la ciudad, se me plantean dos dudas:

La primera, que se trata de una tecnología atrasada e ineficiente, considerando lo que se ha avanzado en este terreno y la facilidad con que estos asuntos funcionan en otros países.

Eso de que tenemos que ir a un sitio a recargar, esperar a ver cuándo hacen efectivo el saldo, luego a ver si se abre la pluma, y si no sucede echarse para atrás, es antediluviano. Eso para no hablar de las carreteras, en las que sucede lo mismo, a veces pasa y a veces no, en algunas se acepta un tipo de tag y en otras no.

Un lector portugués me escribió hace poco sorprendido por esto, acostumbrado a que en su país simplemente va de un lado a otro y ni cuenta se da cuando las cámaras cargan la cuota directamente a su tarjeta de crédito y solamente si alguien prefiere se usa el método de pago en efectivo en las casetas. Nada de plumas, nada de recargas, nada de fíjese que el lector no puede leer su tag o la pluma no se levanta. Lo que me pregunto es por qué decidieron adquirir este sistema los funcionarios encargados de ello. Seguramente en la respuesta radica el secreto de un jugoso negocio y por eso nadie me la va a dar.

La segunda duda es parecida: cuál es la razón por la que se le entregó la concesión para hacer las recargas a una sola empresa, que cobra una buena comisión. Estoy segura de que tampoco me van a dar respuesta a esta pregunta.

Completo ahora el relato. Cuando tuve que echarme para atrás en la fila de autos, encontré que había vendedores de tags que los ofrecían a la vista de todo mundo, en empaques perfectamente sellados y que anunciaban que contenían una recarga que se podía usar inmediatamente. Por supuesto lo compré, como hicieron varios otros automovilistas, y para mí (nuestra) sorpresa, tampoco funcionó. Cuando le pedí(mos) ayuda a una de los uniformados que están en las entradas, lo pasó por la máquina y me (nos) dijo que no traía saldo.

Los dos robos, ya sumados, no eran poca cosa. Así que dejando mis actividades de lado, hice tres cosas: buscar al vendedor callejero, del que ni sus luces; recibo en mano reclamar en la tienda, donde me aseguraron que ellos sí habían pasado la recarga y llamar al número de los tags, donde me dieron la siguiente explicación: que yo les debía dinero y por eso cuando puse saldo, se lo cobraron. ¿Cómo les podía yo deber dinero?, ¿desde cuándo ellos dan crédito al usuario? Y en ese caso ¿por qué no me lo dieron la siguiente ocasión en que quise pasar?

Como es costumbre entre nosotros, la víctima tiene la culpa siempre. Y ellos sólo hacen su negocio.

Voy a lo que quiero decir: los lectores y su servidora hemos venido debatiendo durante varias semanas sobre dónde empieza la corrupción. Algunos dicen que es de los funcionarios y burócratas gubernamentales y agregan que en todo caso, cuando los ciudadanos son corruptos, nada que ver alguien que vende un tag sin saldo con un Javier Duarte. Otros pensamos en cambio que es una conducta de toda la sociedad y que una transa chica lleva a una cada vez mayor, porque dado que no se castiga, no hay un límite.

Por eso me da risa cuando hace unos días el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia echó uno de esos discursos que les gustan a nuestros políticos, pidiéndoles a los empresarios que denuncien los actos de corrupción del sector público. Cualquier empresario que hiciera eso se estaría dando un balazo en el pie como decía mi padre. Imagínense que van a denunciar al que les dio un permiso de construcción o les entregó una concesión.

Escritora e investigadora en la UNAM.
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