En puerta la danza de millones
Concluyó la etapa de emergencia para dar inicio a la compleja y ardua tarea de la reconstrucción.
Son miles de viviendas, escuelas, edificios públicos y privados, además de iglesias y museos devastados en por lo menos siete estados del país.
A diferencia de los sismos de 1985, los de este septiembre de 2017 afectaron a una mayor extensión con daños materiales más cuantiosos. Hace 32 años los efectos se concentraron en la ciudad de México en grandes edificios, eso sí con un saldo mayúsculo en pérdidas humanas.
Ocurren los terremotos en la víspera de una elección presidencial y en las postrimerías de un sexenio muy golpeado en su imagen ante el cúmulo de errores y omisiones cometidos a lo largo de estos cinco años.
En un primer recuento del Gobierno federal, el costo total para la reconstrucción ascenderá a los 38 mil 500 millones de pesos de los cuales seis mil 500 millones corresponden a Chiapas y Oaxaca, 10 mil 500 millones de pesos al resto de las entidades afectadas mientras que cinco mil millones más se destinarán a la reparación de inmuebles culturales y edificios públicos.
Pero las cuentas no salen si observamos que el Fondo para Desastres Naturales (Fonden) tiene un presupuesto de nueve mil millones de pesos, además de una partida para ayuda especial por seis mil 600 millones de pesos y un bono catastrófico para sismos por 150 millones de dólares.
En total hablamos de unos 18 mil 300 millones, es decir menos de la mitad de las necesidades totales. De ahí la urgencia de una respuesta inmediata al clamor popular de eliminar el subsidio a los partidos políticos del 2018 para destinarlo a las labores de reconstrucción.
Suma esta partida 6 mil 788 millones de pesos que ayudarían muchísimo a la cruzada a favor de los mexicanos que resultaron severamente afectados por los terremotos.
A ello habría que agregar el apoyo que destinará el sector privado a través del Fideicomiso Fuerza México que prometió reunir mil 500 millones de pesos además de otras instituciones empresariales como la Fundación Carlos Slim que aportará cinco pesos por cada peso que sea donado por su conducto.
El resto de los recursos tendrán que venir de ajustes en el gasto de 2018, de los pagos de aseguradoras y de las aportaciones que seguramente llegarán desde el extranjero.
Obvia decir que no existe duda de que México saldrá delante de esta catástrofe, sin embargo la cuestión es saber cuánto tardará la reconstrucción y sí se llevará a cabo de manera eficiente y bajo una aplicación transparente y responsable que evite una alegre danza de miles de millones de pesos.
Por todo ello surgen voces que proponen la creación de un consejo, comisión o patronato civil que vigile y controle los recursos destinados a la reconstrucción y adicionalmente decida el destino de los mismos.
En un país desarrollado con un gobierno responsable lo más lógico sería que cada dependencia se hiciera cargo de las obras que le corresponden, pero en México esto resulta un enorme riesgo y más ahora cuando estamos en plena lucha por la sucesión presidencial.
¿Imaginan a Miguel Ángel Mancera controlando el total de los recursos para rehacer las zonas dañadas de la ciudad de México? ¿Podrá ser imparcial y efectivo cuando está a sesenta días de iniciar su campaña presidencial?
¿Y qué decir de José Antonio Meade, el poderoso secretario de Hacienda, quien es de los finalistas más sólidos para obtener la candidatura por parte del PRI?
El consejo deberá estar integrado por al menos cinco ciudadanos de reconocido prestigio y probidad que nada tengan que ver con el gobierno y menos con los partidos políticos.
Si desean nombres aquí va nuestra propuesta: Claudio X. González, Enrique Krauze, Gustavo de Hoyos, Alfredo Harp y María Asunción Aramburuzabala.
Si la reconstrucción la concentra, coordina y dirige el gobierno federal, veremos historias terribles como la del socavón del Paso Exprés, además en el destino y monto de los recursos prevalecerá el interés político y no el ciudadano.
Apunte final
Mientras que la administración de Donald Trump inició la construcción de ocho prototipos del muro fronterizo a la altura de Otay Mesa, en San Diego, California, el gobernador de esa entidad, Jerry Brown, se puso las pilas al presentar una demanda contra el gobierno federal bajo el argumento de que excedió su autoridad al eximirse de estudios ambientales y otros requerimientos de ley. Brown advirtió al Departamento de Seguridad Nacional que el muro podría “causar daños en un importante y bien utilizado corredor comercial”.
José Santiago Healy
jhealy1957@gmail.com
