Durante más de dos años, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo a los acreedores de la isla lo que querían escuchar. El territorio estadounidense autónomo, afirmó, tenía la “obligación moral” de pagar el servicio de su deuda de 72 mil millones de dólares. 

No podía incumplir el pago sobre sus bonos de “obligación general”, añadió, porque su constitución da prioridad a los pagos de los mismos sobre todos los demás gastos. Llamó la atención hacia su historial de aumentos de impuestos y recortes de gasto.

Después de 30 meses de declaraciones tranquilizadoras, sin embargo, el gobernador cambió de rumbo esta semana y anunció que buscaría reestructurar las obligaciones de Puerto Rico.

“La deuda pública es impagable”, declaró el 29 de junio. “Esto no gira en torno a la política. Gira en torno a las matemáticas”.

Moratoria multianual

García Padilla demandó una moratoria multianual sobre el servicio de la deuda.

La alternativa”, sostuvo, “sería un incumplimiento unilateral y no planeado de los pagos de las obligaciones”.

 Como era de esperarse, los rendimientos de los bonos puertorriqueños se dispararon y las acciones de los bancos de la isla, que poseen muchos de los bonos, se desplomaron.

El anuncio de García Padilla coincidió con la divulgación de un informe de Anne Krueger, una exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional, que pintó un panorama sombrío de la economía de la isla. Se ha estado contrayendo en términos ajustados a la inflación desde 2006, y es 14 por ciento más pequeña de lo que era hace una década. En términos nominales, no ha tenido cambios desde 2012.

Impuesto federal

Una razón es la expiración en 2006 de una exención del impuesto federal para la operaciones puertorriqueñas de compañías del continente. Sin embargo, Krueger enlista una letanía de otros males, con asombrosos paralelos con los del otro deudor en apuros de la semana, Grecia.

Ambos se ubican en el extremo sur de una gran unión monetaria y se han beneficiado de grandes transferencias desde regiones más ricas. 

Ambos perdieron competitividad como resultado de la fortaleza de esas divisas combinada con mercados laborales inflexibles. El salario mínimo de Estados Unidos aplica en el territorio, pero los trabajadores locales son menos productivos que sus contrapartes en el continente, donde el salario mínimo es equivalente al 77 por ciento del ingreso promedio de los puertorriqueños. 

Pagos de beneficencia federales

Peor aún, los pagos de beneficencia federales pueden exceder el salario mínimo en 50 por ciento. Los desincentivos para contratar y para trabajar han suprimido la tasa de participación laboral de Puerto Rico a un desalentador 40 por ciento. Los altos costos laborales han sido agravados por los exorbitantes precios cobrados por la ineficiente compañía eléctrica de la isla.

Como Grecia, Puerto Rico intensificó sus problemas al pedir prestado derrochadoramente para financiar generosas nóminas públicas a tasas de interés artificialmente bajas, en el caso de Grecia porque los prestamistas supusieron que la Unión Europea respaldaría la deuda. En el caso de Puerto Rico, es porque el ingreso de sus bonos está exento de impuestos para los residentes del continente.

Ambos han visto decrecer sus bases impositivas conforme los trabajadores más jóvenes han migrado –la población de Puerto Rico se contrajo en 10 por ciento durante la última década– y los dos ocultaron sus obligaciones en medio de una espesa burocracia: Krueger calculó que, con las pérdidas de las empresas estatales y las pensiones no financiadas, el sector público de Puerto Rico registra un déficit más grande de lo que admite el gobierno, quizá 5 por ciento de la producción de la isla.

Ambos han respondido a los crecientes rendimientos de los bonos con austeridad, lo cual ha profundizado sus recesiones y hecho más difícil pagar el servicio de su deuda porque los ingresos fiscales han caído. El reporte fiscal más reciente de Puerto Rico señaló que, sin nuevos préstamos, se quedaría sin efectivo para octubre.

Alivio de la deuda

El informe de Krueger refuerza el consenso de que se necesita un alivio de la deuda, pero encontrar un mecanismo para recortar las obligaciones de la isla no será fácil. Como Puerto Rico no es independiente, no puede repudiar sus deudas y devaluar su moneda. Sin embargo, tampoco es uno de los 50 estados de Estados Unidos y por ello no califica para la sección de bonos municipales de la ley de bancarrota federal. La asamblea de la isla aprobó una ley que permite a las empresas estatales reestructurar sus deudas, pero los tribunales de la Unión Americanala rechazaron.

Los contratos de deuda estilo municipal de Puerto Rico no tienen las cláusulas de “acción colectiva” que permiten a muchos deudores soberanos incumplidos forzar a las minorías de inversionistas recalcitrantes a aceptar una pérdida. Como resultado, todos los acreedores que no reciban el pago completo pueden presentar una demanda. 

La protección legal que la isla ha dado a algunos acreedores, como la garantía constitucional sobre los bonos de obligación general y el recurso especial a los ingresos del impuesto sobre ventas para otra categoría de tenedores de bonos, les dará poco incentivo para ser flexibles. 

Los inversionistas resueltos quizá incluso puedan impedir que sus contrapartes más conciliadores reciban un centavo hasta que se les pague por completo, explotando un reciente precedente respecto de la deuda argentina.

Intervención de EU

Resolver este estancamiento requerirá la intervención del gobierno federal de Estados Unidos. 

El Congreso pudiera designar un comité para administrar las finanzas del territorio, permitir que las empresas estatales de Puerto Rico se declaren en bancarrota o rescatar a la isla directamente. 

Ayudaría volver permanente una norma provisional que permite que las compañías cuyas subsidiarias pagan impuestos sobre el consumo en Puerto Rico reclamen un crédito fiscal federal.

Revivir el crecimiento

Muchas reformas necesarias para revivir el crecimiento deben ser ordenadas desde Washington, como exentar a Puerto Rico del salario mínimo y de una ley que prohíbe a las embarcaciones extranjeras trasladar productos entre puertos estadounidenses. 

Desafortunadamente, aunque García Padilla dijo que ya no “diferirá decisiones importantes”, el gobierno federal no ha mostrado la misma urgencia.

© 2015 Economist Newspaper Ltd, Londres 4 de julio, 2015. Todos los derechos reservados.