Cuando un amigo o conocido de negocios presenta una inversión como una ganancia segura, puede surgir la duda de en qué momento ese convencimiento cruza de la simple presentación de ventas al fraude. Un caso reciente ocurrido en Texas, y que implicó al procurador general del estado, Ken Paxton, muestra que puede ser difícil encontrar esa línea.

La Comisión de Valores y Bolsas (SEC) demandó a Paxton en abril por fraude de valores relacionado con su papel de promotor de Servergy, una compañía de tecnología que también fue nombrada como acusada, junto con su fundador y otra persona que solicitó inversionistas para la venta de aproximadamente 26 millones de dólares en acciones privadas. Paxton, que fue elegido procurador general en 2014 después de haber estado en la legislatura de Texas, también fue indiciado en un tribunal estatal por fraude de valores y no registrarse como asesor de inversiones.

Según la queja de la SEC, Paxton promovió Servergy diciendo que era una “gran compañía” y distribuyendo información de ventas, sin haber realizado ninguna investigación sobre sus operaciones. Paxton tenía un acuerdo para recibir 10 por ciento de comisión por los inversionistas que llevara a la compañía.

La mentira
Él reclutó amigos, exclientes de su firma de abogados, un compañero legislador y miembros de un grupo de inversión que compraron acciones, pero él no les dijo que a él le pagarían si ellos invertían, dato que los inversionistas ciertamente hubieran querido saber. La SEC asegura que la compañía le atribuyó a Paxton 100,000 acciones en julio de 2011 por sus esfuerzos por traer cinco nuevos inversionistas, que aportaron un total de 840,000 dólares.

Ciertamente, él estuvo lejos de ser transparente con los inversionistas, especialmente con los de su grupo de inversión, que depende de que sus miembros trabajen para el beneficio colectivo, en lugar de que se beneficien individualmente de una inversión. Pero, ¿eso equivale a fraude?

Según la SEC, la respuesta es sí, pues su compensación fue un hecho “material”, lo que significa que los inversionistas lo hubieran considerado importante a la hora de evaluar si compraban acciones de Servergy. Pero que la información se considere material no obliga a revelarla a menos que la persona tenga un deber fiduciario de revelar el beneficio que obtendría.

Paxton presentó una moción para desechar la queja, alegando que él no tenía ninguna obligación para con los inversionistas, pues él solo les recomendó la compañía como amigo o socio de negocios.

El revelar información
El juez Amos L. Mazzant III de la corte federal de distrito en Sherman, Texas, estuvo de acuerdo y determinó que la demanda de la SEC no tenía suficientes hechos para alegar fraude en violación de las leyes federales de valores. Le dio al regulador 14 días para agregar nuevos hechos a su queja, pero es dudoso que eso sea posible ya que es poco probable que la SEC hubiera retenido información que pudiera reforzar su demanda.

Al rechazar los alegatos de la SEC, Mazzant señaló que “el caso no es si Paxton tenía la obligación moral de revelar su arreglo financiero con Servergy a los inversionistas en potencia”. Más bien, el juez concluyó que él “no tenía la obligación legal” de hacerlo, lo que significa que no hubo fraude.

Uno podría esperar que un amigo, o un miembro de un club de inversión, tendría el cuidado de revelar información importante, como el hecho de recibir comisión por conseguir inversionistas. Sin embargo, la ley no impone esa obligación generalmente a falta de evidencias de que la persona asumió el control de las inversiones de otros u ocupó una posición de asesor de inversiones o corredor.

La SEC se basó en la decisión en la demanda SEC v. Torr, de 1938, para apuntalar su posición de que alguien que promueve acciones puede ser un “fiduciario voluntario” ante los inversionistas en potencia, con la obligación de revelarles cualquier información que pudiera afectar su decisión de comprar acciones. Mazzant no tuvo problema en descartar ese argumento, señalando que en casi 80 años, ningún tribunal ha tomado una posición semejante para ampliar la obligación de revelar información a casi cualquier recomendación de acciones.

Las batallas legales
La corte de distrito rechazó el caso en su primera etapa, aun antes de que las partes empezaran el proceso de instrucción. Para la SEC es un raro desaire que un caso civil sea desechado exclusivamente por ser insuficiente, lo que indica que la teoría del gobierno estuvo deficiente desde el principio. Una vez descartado el caso civil, podría esperarse que los cargos penales presentados por el estado fueran puestos en duda, ya que se necesita una norma mucho más alta para la condena. Pero a diferencia de la queja de la SEC, el juicio ha sobrevivido los esfuerzos de Paxton para que los tribunales texanos desechen los cargos.

A diferencia de los casos civiles, los tribunales se resisten a descartar cargos penales antes del juicio porque los hechos del caso no han sido establecidos en la corte. Los jueces prefieren dejar que corra el proceso en lugar de intervenir antes de una batalla en el juzgado.

La corte de apelaciones penales de Texas, la última instancia para que se deseche el caso, rechazó la solicitud de Paxton el 12 de octubre, por lo que tendrá que enfrentarse a los cargos. El juicio lo pondrá en la difícil posición de defender una conducta que parece deshonesta sin que necesariamente haya llegado al nivel de fraude. (Peter J. Henning / DealBook)

© The New York Times 2016