Uber acusa al Gobierno de Jalisco de 'estatizar' el transporte en esa entidad

"El sistema de normas de Jalisco se traducen de forma implícita en una estatización de todo el servicio de transporte terrestre de pasajeros o, cuando menos, de todo aquel que se contrate a través de una aplicación electrónica, razón por la cual este sistema se reclama en su integridad y, como tal, debe ser declarado inconstitucional", afirmó la compañía en el amparo contra esta reforma.

Se trata del primer litigio que permite conocer los argumentos con los que Uber podría defenderse ante la justicia federal de otros intentos de regular sus operaciones en el resto del País.

La empresa sostiene que las actividades de contratación por medio de su plataforma "son de carácter mercantil y privado", de ahí su alegato de que se trata de una estatización que la convierte en un régimen de servicio público.

Competencia económica
El amparo, que impugna 34 artículos de la Ley de Transporte de Jalisco y 15 artículos de su Reglamento, se tramita ante el Juzgado Segundo Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica en la Ciudad de México, que aceptó llevar el caso, aunque no está del todo claro que se trate de un tema estrictamente de competencia económica.

Como parte del juicio, se están desahogando peritajes en materia de informática y economía, que fueron objetadas por el Gobierno de Jalisco, pero admitidas por la Jueza Silvia Cerón.

"Con las respuestas que den los peritos al cuestionario propuesto, podrá demostrarse cómo es que el servicio particular de transportación de pasajeros, especialmente el que se adquiere y contrata a través de nuevas tecnologías de índole electrónico, ha demostrado ser más eficiente, seguro, cualitativo y conveniente para los usuarios y, por ende, para la sociedad en general, que el servicio público que presta el Estado a través de permisionarios o concesionarios, en el que no existe competencia y competitividad", afirmó Uber al defender el peritaje en economía.

La prueba

La pericial en informática, en tanto, busca probar que la empresa no es prestadora de servicios de transporte.

"Es una prueba fundamental para comprender, a partir del entendimiento correcto de cómo funciona la plataforma electrónica, cuál es la naturaleza jurídica de las relaciones que vinculan a la operadora de la misma con los prestadores y usuarios del servicio de transporte", indicó Uber.

El Estado de Yucatán también aprobó regulación a estos servicios, misma que fue impugnada en 2016 ante la Suprema Corte de Justicia, pero no por Uber, sino por una minoría de diputados del Congreso estatal.

EXP/REF/DAW/ABR/2017