CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos seis años, la administración del presidente Felipe Calderón incumplió con lo que marca la Ley General de Educación en el sentido de difundir los nombres de los programas o la lista de las universidades privadas a las que se les "revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos" de validez oficial para impartir licenciaturas, maestrías y doctorados.
A pesar de que en el artículo 56 de esa ley se establece que las autoridades educativas publicarán la relación de las instituciones a las que se les haya cancelado el Reconocimiento de Validez Oficial, en el portal de la dependencia dedicado a la difusión de las escuelas particulares autorizadas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) es omisa sobre los 921 programas "cancelados o retirados" entre los años 2007 y 2012.
José Blanco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la SEP incumple con lo que establece la Ley General de Educación, lo cual es "altamente reprobable" y habla del "desorden en la regulación de la educación que ofrecen los particulares".
El también coordinador de asesores de la rectoría en la Universidad Veracruzana explicó que hasta ahora el Estado mexicano no tiene definido en ninguna ley o norma qué significa, qué elementos son los básicos necesarios para que una institución pueda llamarse universidad.
"De esa forma, en cualquier pueblito del país una persona puede abrir la ‘Universidad San Pedrito', con las carreras de Administración y Derecho, y para su autorización debe recurrir a las secretarías de Relaciones Exteriores y Hacienda, antes que a la de Educación, para acreditar la creación de una empresa nacional y asegurar que pagará impuestos".
El investigador acusó que, como consecuencia, hay "un gigantesco desorden en la educación que ofrecen, de manera conservadora, dos mil instituciones privadas", por lo que comentó, "es momento de emprender una revisión profunda y legislar en esa materia".
Incumplen requisitos
El pasado martes, se informó a nivel nacional que en los últimos seis años la SEP sancionó por falta de calidad 7 mil 84 programas de licenciatura, maestría, doctorado y especialidades, lo que equivale a 45.6% de las opciones de estudio autorizadas por dicha dependencia en el país. La propia SEP dijo que estos programas eran "comparables a un fraude" para los estudiantes y sus familias.
La única información vigente en la SEP -desde julio de 2007 y que dio a conocer en su oportunidad este diario- es la "alerta" y "aviso" para combatir a 11 universidades o instituciones extranjeras patito o de garaje en México, que cometieron fraudes académicos al proporcionar títulos o certificados en plazos de entre siete y 60 días, a un costo de 16 mil a 25 mil pesos.
Sin embargo, a lo largo de seis años la SEP no hizo públicos los nombres de los programas de estudio que fueron cancelados o retirados en los términos que marca el artículo 56 de la Ley General de Educación.
La norma establece que "las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
"Asimismo, publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos".
Hasta ahora, la SEP sólo mantiene un portal en el que si el estudiante o padre de familia ubica la entidad y sabe el nombre de la institución, cómo se llama la carrera o el programa, el nivel (licenciatura, especialidad, maestría, doctorado o nivel técnico superior), y también el "número de acuerdo" que se le entregó, podrán verificar si tiene o no vigencia el Reconocimiento de Validez Oficial.
Con base en el artículo 55 de esa misma ley, las autorizaciones y los reconocimientos oficiales se otorgan cuando los particulares cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación.
En el caso de las instalaciones, define que deben satisfacer todas "las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante le determine. Deben, además, cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades competentes determinen.
Las instituciones educativas están también obligadas a ofrecer un mínimo de becas en los términos que la autoridad señale, así como "facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen".
