El portazo a Palacio y el fin de sexenio

No hubo grupo o protesta capaz de lograrlo, a pesar de que algunos a lo largo de la historia lo intentaron. No se atrevió Cuauhtémoc Cárdenas cuando en agosto de 1988 encabezó aquella protesta multitudinaria en el Zócalo capitalino, en donde miles de almas le reclamaron tomar medidas extremas y entrar por la fuerza al Palacio Nacional. El ingeniero -responsable de su liderazgo, según sus memorias; tibio para la lucha, según sus críticos- ordenó a la multitud y a sus colaboradores que retrocedieran en su intención de embestir contra la Puerta Mariana y prenderle fuego para avanzar sobre el edificio símbolo del poder político en México.

Pero lo que no se atrevieron a hacer los estudiantes de 1968; los Ferrocarrileros del 48; los barrenderos de Tabasco y el éxodo por la Democracia desde el estado del sureste o algunas otras movilizaciones y protestas históricas para la democracia mexicana, lo hicieron el pasado jueves los normalistas de Ayotzinapa, que en una imagen casi chusca pero también algo patética, utilizaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad para entrar violentamente y por la fuerza a las instalaciones del Palacio Nacional derribando una de las puertas laterales de la calle de Moneda.

El hecho inédito en la historia de las luchas civiles del país y que sólo se había visto en episodios militares como la invasión estadounidense de 1947 o antes durante los asaltos y asonadas golpistas que sufrió en los años convulsos de la Revolución Mexicana, ocurrió justo en la primera semana de las campañas presidenciales y a tan sólo siete meses de que concluya el gobierno del presidente López Obrador. Y no fueron los adversarios, opositores, conservadores o mafiosos del poder los que le fueron a dar portazo al Presidente en su propio Palacio y justo cuando llevaba a cabo su actividad más importante y reiterada como gobernante: su sagrada conferencia mañanera, desde donde dicta, ataca, cuestiona y destroza a todo aquel crítico, disidente, opositor o cuestionador de su administración.

Fueron los propios aliados de López Obrador, los mismos que lo apoyaron y se acercaron a su lucha por la Presidencia de la República, los que surgieron apoyados primero en la red izquierdista de derechos humanos y cercanos al PRD y que luego se acercaron a Morena y a su dirigente y luego candidato presidencial para impulsar su campaña ante la promesa de que Andrés Manuel sí les iba a decir la verdad sobre el paradero de sus hijos, sobre los motivos de su desaparición y asesinato; y sobre todo sobre el papel que jugaron las instituciones del Gobierno federal, estatal y municipal, incluido el Ejército Mexicano en aquella trágica y paradigmática noche del 26 de septiembre de 2014.

Tuvieron que pasar casi cuatro años, de reuniones a puerta cerrada en Palacio, de reapertura de las investigaciones sobre la batuta del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y de creación de Comisiones para la Verdad para que los nuevos datos y revelaciones, prometidos por el Presidente y encontrados por los encargados de las investigaciones, apuntaran directo a los integrantes del Ejército, de su 27 Batallón de Infantería y de las cúpulas militares como participantes, ya sea por obra u omisión, en la desaparición de los 43. Y ahí fue cuando el asunto se topó con pared para el militarista gobierno de la 4T: mientras los generales se lanzaban con todo contra Encinas y sus investigadores y descalificaban sus averiguaciones, los padres de los normalistas exigían que se llegara hasta el Ejército, mientras la FGR se desistía de las órdenes de aprehensión contra militares y lograban reducir el número y el rango de los militares acusados de casi 20 a siete solamente que hoy acaban de obtener de un juez la cancelación de la prisión preventiva oficiosa.

Con todo eso era cuestión de tiempo para que el movimiento de Ayotzinapa, que ya había desairado y cuestionado las nuevas investigaciones, acusando protección del Presidente a los altos mandos militares y ocultamiento de pruebas, para que sucediera algo como lo del portazo y la intrusión a Palacio Nacional. Ahora que si bien los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos se atrevieron a lo que nunca se atrevieron otros grupos de protesta, también hay que decir que las guardias militares que custodian al Presidente les permitieron maniobrar e irrumpir violentamente con una camioneta oficial y nunca intentaron impedir que se consumara la intromisión ilegal.

Al final el Presidente, aquella misma mañana desde su pedestal de pastor religioso, condenó el ataque y la intromisión de los normalistas, a los que acusó de radicales, pero aprovechó muy bien el hecho para hacer lo que mejor y más sabe hacer López Obrador: victimizarse y decir que sus enemigos conservadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el senador Emilio Álvarez Icaza estaban detrás de tan grave intromisión. El legislador independiente no sólo se deslindó de la acusación presidencial, sino que advirtió que "se reserva el derecho de denunciar" al mandatario por calumnias y ataques a su persona, pero dijo que lo haría hasta que dejara el poder.

Al final el portazo de Palacio, con sus normalistas encapuchados manejando y lanzando la camioneta de la CFE contra la puerta del edificio histórico, no es más que otro de los reflejos que nos recuerdan que ya se acerca el fin de sexenio; que por más que López Obrador hable, hable y no pare de hablar en una campaña eterna y permanente para mantener el poder y que gane su candidata-títere, el presidente se va debilitando cada vez más y a los reportajes desde la prensa extranjera, las evidencias de corrupción de sus hijos difundidos por la prensa nacional, las tendencias en redes sociales que se mantienen en su contra y las tensiones con Washington por su hipersensibilidad a la crítica, ahora los antiguos aliados del presidente, como los ayotzinapos y en su momento la CNTE, se están convirtiendo en enemigos y adversarios del gobierno y le van a dar dolores de cabeza… Se baten los dados. Escalera Doble y la semana comienza muy bien.