La fi gura del “secuestro extorsivo
político”, que discutirá y votará
la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados puede sonar a
criminalización de la protesta social
pero, de ser aprobada, impediría la
aplicación delirante de la “justicia”,
como le sucedió al líder de San Salvador
Atenco, Ignacio del Valle.
Para esta modalidad de plagio, los diputados
del PAN y el PRI prevén castigos
menores de 20 años a quienes retengan
a servidores públicos a fi n de presionar
a las autoridades para que se cumplan
exigencias políticas y/o sociales.
Del Valle purga una condena superior
a 100 años de cárcel en el penal
de máxima seguridad del Altiplano: 67
por “secuestro equiparado”
(la retención, en febrero
y marzo de 2006,
de un subsecretario de
Gobierno mexiquense
y cinco funcionarios de
educación, a quienes
los activistas amenazaron
con quemarlos
vivos), y 45 más por los
hechos violentos del 3
de mayo del mismo año
(también por “secuestro”
y ataques a las vías de comunicación).
La iniciativa debe prosperar
y hasta valdría la pena
que la nueva ley fuese retroactiva.